Presupuesto 2019 | Son 2500 millones de pesos
Alto bondi: intendentes del Conurbano deberán cubrir subsidios al transporte
Martes, 6 de noviembre de 2018
Los jefes comunales deberán aumentar los gastos en un año electoral. Se trata de la pérdida de subsidios al transporte, tras la transferencia de gasto que hizo Nación a Provincia. O deberán soportar el costo político de que aumenten los boletos en sus jurisdicciones. Se vienen épocas de conflicto político.

Dos puntos del presupuesto de María Eugenia Vidal para el año próximo generarán roces con los intendentes. Uno es el subsidio al transporte que Nación dejó de costear y que ahora deberán pagar las arcas municipales. El otro es el porcentaje del Fondo Educativo que los municipios deberán afectar a obras de infraestructura en las escuelas.

Según el texto del presupuesto que el gobierno bonaerense enviará a la Legislatura, los municipios deberán hacerse cargo del costo de la quita de subsidios al transporte local, un gasto que rondará $2.500 millones

"No está contemplado que la provincia afronte esos pagos. Lo tendrán que pagar los municipios", dijo una fuente del Ejecutivo que aclaró que solo algunos municipios deberán afrontar ese gasto.

En el gobierno descartan tensión con los intendentes y argumentan que recibirán casi 3.000 millones en beneficios impositivos, lo que les generará una ganancia de 500 millones.

Según detallan, habrá 674 millones más que ingresará en coparticipación por retenciones; 1.000 millones por la suspensión de la baja del Impuesto a los Sellos (se pensaba darlo de baja y se suspendió) y 712 millones por mayor coparticipación de "débitos y créditos".

La otra es el porcentaje del Fondo Educativo que quedará afectado a obras de infraestructura en las escuelas.

El fondo educativo fue creado en 2005 y establece una asignación específica de recursos a las provincias que a su vez coparticipan a los municipios. Los gobiernos provinciales tienen facultades de administrar ese fondo y establecer qué porcentaje los intendentes deben destinar a obras de infraestructura en las escuelas.

El año pasado, el texto inicial del presupuesto obligaba a los alcaldes a destinar el 85% de ese fondo a infraestructura. Pero luego de duras discusiones, la Gobernadora aceptó finalmente bajar al 50% esa obligación para los intendentes del Conurbano y al 40% para los del interior.

Este año, el gobierno estableció ese fondo en $8.400 millones para todo el año. Pero lo que anticipa una polémica es que exige a los alcaldes del Conurbano a que el 100% sea afectado a obras. En tanto, los del interior deberán gastar en infraestructura escolar el 70%. La diferencia de porcentajes surge a raíz que los establecimiento del interior no registran el deterioro que sí muestran las escuelas del Conurbano.

Este año, la situación de las escuelas será un tema central en la agenda, en especial después de la explosión en Moreno que dejó dos víctimas fatales. En el gobierno creen que los intendentes no tendrán margen para discutir los destinos de esos fondos.

Aumenta 38% el Impuesto Inmobiliario y baja Ingresos Brutos

María Eugenia Vidal tiene listo el presupuesto de la provincia para el año próximo. El texto, que ingresará por estas horas por el Senado bonaerense, contempla gastos por 929.000 millones y un déficit de 40.000 millones.

En cuanto a los impuestos, la ley fiscal impositiva incluye un aumento del 38% en el Impuesto Inmobiliario que pagan las propiedades rurales y urbanas y la de baja Ingresos Brutos para varios sectores.

En el gobierno estiman que tres de cada cuatro bonaerense reciban aumentos mensuales de hasta $99 como máximo. El beneficio, para las arcas provinciales se reforzarían unos $8.000 millones con este aumento de alícuotas.

Según estimaciones del gobierno, la suba en la alícuota que deberán pagar los productores rurales en concepto de inmobiliario, se compensará con la caída en la alícuota de Ingresos Brutos.

En tanto, con el objetivo de cumplir con el Consenso Fiscal, el equipo económico de la Gobernadora propone bajar algunos impuestos distorsivos que consideran "perjudican la actividad económica".

Ese "sacrificio fiscal" significa una pérdida de recaudación por $10.000 millones e incluyen beneficios para al campo que pagará menos por ingresos brutos (la alícuota pasará de 1,5% a 0,75%). También habrá beneficios en servicios profesionales (de 5% a 4,5%), construcción (3% a 2,5%), transporte (3% a 2%), servicios públicos (4% a 3,75%), comunicaciones (5% a 4%), servicios inmobiliarios (6% a 5%), venta de automotores nuevos (de 2,5 a 2,3%) y para la electricidad, gas y agua (4 a 3,75%).

Desde el gobierno explican que, pese a que la diferencia entre los gastos y la recaudación es negativa, existe un superávit corriente o primario que garantiza el funcionamiento del Estado (lease pago de salarios) durante 2019.

En otras palabras, el déficit calculado será de $40 mil millones (sin las transferencias sería solo de $12 mil millones) y se mantiene en 0,6% del producto, porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017 que fueron de 0,5% y 0,6% respectivamente.

El rojo -explican en el equipo económico- se explica por la necesidad de obra pública. En esa línea, la Gobernadora proyecta tomar deuda por un monto de $ 68.500 millones y, por otro lado, emitir letras (deuda de corto plazo) por $ 8.500 millones. ///LPO

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