Por la presión social y política
Por la presión social, el Gobierno da marcha atrás con las compensaciones
Miércoles, 10 de octubre de 2018
El Gobierno sumó este miércoles un nuevo capítulo a la saga de contra marchas. En esta oportunidad, la Casa Rosada decidió no trasladar a la tarifa de gas la compensación a empresas por la devaluación y le puso fin a una medida impopular. La presión social y política fue inmensa con una importante ola de amparos por parte de muchos intendentes peronistas, como Mariano Cascallares, Martin Insaurralde, Jorge Ferraresi y Fernando Gray y organismos del consumidor.

El lunes hubo una tensa reunión de gabinete que generó una dura discusión entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Se dio en Casa Rosada, en la habitual reunión del G-5, tal como denominan en Cambiemos a la mesa que integran esos dirigentes junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Fue el primer cruce fuerte de unas convulsionadas 48 horas en las que el Gobierno debió ceder, una vez más, ante el impacto político de una decisión que generó polémica desde que el secretario de Energía, Javier Iguacel, emitió la resolución que establecía una compensación a las empresas prestatarias.

Más allá de este cruce, que en el Gobierno minimizan y aseguran que no dejará secuelas, fue Iguacel quien quedó en el centro de todos los ataques, incluso de los radicales, quien tras la experiencia con su antecesor Juan José Aranguren todavía hoy valoran especialmente su trabajo. "Se la mandó, pero es un buen chico. Se equivocó y nos lo admitió: pidió disculpas", contó a este diario uno de los popes de la UCR que se reunió este martes con el secretario. Más allá de ese reconocimiento, el clima de esa cumbre no fue para nada sereno. Y los radicales, que venían de hablar con Peña y escuchar la confirmación de que Dujovne no había estado al tanto de la medida, le anticiparon que iban a hacerle llegar una propuesta, algo que sucedió horas más tarde.

Al enojo de los ministros del Gabinete y de los radicales por haberse enterado "por los diarios", Iguacel sumó la furia de su jefe directo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a quien insólitamente no puso al tanto de que el viernes pasado saldría la medida. Al cabo, no necesitó de su firma, ya que la resolución publicada en el Boletín Oficial sólo lleva su nombre. "Se cortó sólo, no le avisó a Nicolás, le hizo el 2-1 hablando directo con el Presidente, como le hacía a Guillermo Dietrich -ministro de Transporte- cuando estaba en Vialidad Nacional", se quejaron en el Gobierno. Aquella rutina de Iguacel no tuvo nunca efectos colaterales debido a que en esa área, todas las iniciativas representaban obras y, en consecuencia, buenas noticias.

Poca cintura política

Como el Presidente está convencido, igual que Peña, de que los contratos con las empresas se deben cumplir; y así lo volvió a dejar en claro este miércoles en la entrevista que le concedió a una radio de Olavarría; le dio el visto bueno a Iguacel para que avanzara. No reparó en el impacto que podría tener ni en sus consecuencias directas sobre el debate por el Presupuesto. De ahí que Iguacel se sintió con el respaldo suficiente como para tomar tamaña decisión. Y acaso eso explique por qué el jefe de Gabinete lo respaldó de forma contundente ante Monzó, pese a que le cuestionó no haber llamado a una conferencia de prensa "para explicar bien" la resolución, como finalmente hizo el lunes.

A su vez, el freno por vía judicial era inminente. El fiscal Marijuán había pedido una medida cautelar de forma urgente y la presentación de amparos en todo el territorio nacional no paraba de aumentar. "Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago", había manifestado el fiscal.

Por otro lado, la medida expone por completo a Iguacel y lo deja al borde de la renuncia, después de haber tenido que pagar un gran costo político asumiendo la responsabilidad del tarifazo en una difícil conferencia de prensa. La intención de la Secretaría de Energía era justamente compensar la deuda mediante la emisión de un bono para evitar trasladarle el costo a los usuarios, cosa que fue denegada por la negativa del FMI y que ahora finalmente se autoriza.

En dicha conferencia, Iguacel tuvo que dar la cara y asegurar que la única alternativa era trasladar este aumento a las tarifas o de lo contrario las firmas energéticas podrían apelar a la Justicia y terminar logrando un aumento 3 veces más caro al no fraccionar el impacto en 24 meses. Es por eso que se había optado por aplicar cuotas mensuales durante dos años en torno a los $90 y $100 en promedio que iban a pagar una tasa de interés del 47,50%.

Además la medida había desatado una ola de recursos de amparo encabezada por los jefes comunales peronistas, quiénes habían llamado a una "rebelión" y al no pago de los recargos.

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