Alquilar, seria dificultad en la Provincia
Vidal sigue el "plan contención": ahora impulsa ley a favor de inquilinos
Miércoles, 4 de julio de 2018
La Gobernadora entiende la crisis y el impacto político, por eso continúa imponiendo una agenda activa. Ahora dio su visto bueno para que se avance en una ley que baje gastos de alquileres.

 Comenzó a discutirse en las comisiones de Diputados un proyecto de ley de la diputada Rocío Giaccone que libera al inquilino del pago de la comisión inmobiliaria. La iniciativa establece que los gastos de hacer un contrato a través de un martillero (honorarios, averiguaciones y gestiones, entre otros), ya no se cobren al inquilino.

Sin embargo, desde el oficialismo no descartan tomar el proyecto de Giaccone como base para avanzar en una iniciativa superadora que podría impactar en cientos de miles de inquilinos bonaerenses.

Desde el oficialismo en Diputados aseguran que se buscará avanzar en una iniciativa similar a la aprobada en la Legislatura porteña en agosto del año pasado. La idea es modificar la ley 10.973 que regula la actividad de los martilleros, con la idea de que los gastos de honorarios al momento de cerrar una operación inmobiliaria pesen sobre el propietario y no sobre el inquilino como ocurre en la actualidad.

En tanto, el proyecto de Giaccone se trató en una reunión de asesores de la comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales de Diputados, que preside el diputado Ricardo Lissalde (Frente Renovador). Sin embargo, no consiguió dictamen para llegar al recinto. De acuerdo a ese texto, el artículo 54 de la ley 10.973 expresará que "en locaciones con destino a vivienda, del 2% al 4% a cargo del tocador, no pudiéndose cargar al locatario honorarios, ni gastos de gestiones vinculados al corretaje".

Tras la reunión desde la Asociación Platense de Inquilinos señalaron que se deberían "flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda, y evitar que el inquilino se endeude cada dos años para enfrentar una renovación o un nuevo contrato".

"Esto ya funciona así en CABA y creemos en su viabilidad en toda la provincia, ya que es algo necesario y urgente para darle un respiro a miles de familias", explicaron a través de un comunicado.

En tanto, los martilleros bonaerenses vienen manifestando su rechazo al considerar que la iniciativa "no resuelve el problema de los inquilinos" y "no baja los costos de los alquileres". Y aseguran que en el "ámbito provincial no existen denuncias de abuso en el cobro de honorarios", por lo que consideran "innecesario provocar una modificación de una situación que funciona bien".

Desde el Colegio señalan que "la norma es clara en el sentido que sostiene que los costos pueden ser afrontados por ambas partes o bien por una sola de ellas".

Sin embargo, desde el la Asociación Platense de Inquilinos sostienen que "aunque admitan que esos gastos pueden ser compartidos, eso no sucede en la realidad, y siempre se perjudica al más débil". Y agregó: "Históricamente el Colegio ha acompañado la política de cargar con los costos a los inquilinos por conveniencia de su negocio".

Una presión brutal sobre el que alquila

Según datos ofrecidos por asociaciones de inquilinos, en la provincia de Buenos Aires más de siete millones de personas viven en hogares alquilados. La Asociación Platense de Inquilinos presentó un informe ante los legisladores en el que revelaron que la ciudades con mayor cantidad de inquilinos son Bahía Blanca y La Plata, con un 25% y 18% respectivamente.

Además, en una encuesta realizada por asociaciones de inquilinos se demostró que las dos principales dificultades que afrontan aquellos que alquilan son el precio del alquiler, por un lado, y los requisitos para poder alquilar, por otro. Entre estos últimos, aparece la problemática de los gastos previos para poder alquilar. Según la Asociación, muchas veces el inquilino puede hacer frente al precio de alquiler pero no a los gastos de contrato.

La iniciativa también obliga a las inmobiliarias a hacer pública esta normativa en sus locales comerciales con el fin de que el inquilino esté informado sobre sus derechos y obligaciones. "Buscamos flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda, y evitar que el inquilino se endeude cada dos años para enfrentar una renovación o un nuevo contrato", apuntaron.

"El acceso a la vivienda digna, consagrado en la Constitución Nacional y los pactos internacionales a la cuales subscribe, es un derecho que debe aplicarse también para la vivienda en alquiler", concluyeron, en referencia al objetivo del proyecto.

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